Por: Manuel Vólquez
Hace dos semanas que recibí la desafortunada información de parte de la Gerencia de Recursos Humanos del Plan de Asistencial Social de la Presidencia en el sentido de que seré sacado de nómina en septiembre próximo junto a unos 79 infelices empleados de esa institución que como yo están en tránsito de pensión.
Son personas atrapadas por la irreversible vejez que ganan sueldos miserables entre 5 mil a 20 mil pesos, dependiendo del cargo que desempeñan, y si les quitan ese sueldito van a morir de hambre.
Tenemos todos en común que padecemos enfermedades catastróficas, tales como cáncer, diabetes, derrame cerebral, accidentes cardiovasculares, crisis renal, crónica invalidez por vejez, cirrosis hepáticas, y otras, que ameritan tratamientos costosos.
La única explicación que he recibido de esa abusiva, ilegal e inhumana medida, es que la pensión debe gestionarse a través de la Dirección de Información y Derecho de Afiliados (DIDA).
Hice las averiguaciones de rigor en la DIDA y allí me informaron que yo no calificaba para pensión por enfermedad a través de ese organismo y que mi caso debió ser reportado inmediatamente entré en la fase de discapacidad, que debo buscar otra vía para gestionar ese beneficio. No entendí bien esa explicación, sólo que mi caso no se resolvía por esa vía.
En fecha 6 de agosto de 2018, le remití una comunicación, vía Consultoría Jurídica, a la directora general del Plan Social, Iris Guaba, pidiendo explicación sobre esta decisión y que reconsiderara dejar la misma sin efecto hasta que el Estado me pensione, porque de materializarse provocaría muertes en cadena de los empleados afectados de salud.
Al momento de escribir este artículo, no he recibido ninguna respuesta de la funcionaria. Tengo constancia de que el mensaje le fue entregado.
Esa Dirección General sabe, porque tienen mis documentos en archivos, que estoy protegido por una licencia médica permanente que dice que No Apto para el Trabajo Productivo, firmada por tres galenos (una neuróloga, un cardiólogo y un neurocirujano), certificación que está validada, además, por médicos del Ministerio de Salud Pública, como requisitos legales exigidos para los trámites de pensión.
Tengo discapacidad físico-motora a causa de un “Accidente Cerebrovascular Isquémico” (un derrame cerebral), que me surgió el 7 de junio del 2014, precisamente mientras realizaba labores propias de mis funciones en mi oficina esa dependencia gubernamental en calidad de Encargado de Comunicaciones, Prensa y Relaciones Públicas. Figuro como empleado de esa entidad desde el 2008.
Este percance de salud me ha producido daños severos en la pierna y el brazo izquierdo, además de fuertes dolores corporales, que me impiden insertarme al medio productivo laboral.
Tengo en la actualidad 68 años de edad de los cuales he dedicado 45 de estos con mucho entusiasmo, honestidad, responsabilidad y entrega al ejercicio del periodismo. Además soy hipertenso.
Por mi delicada situación de salud, califico para una Pensión Especial y creo que le corresponde al Plan de Asistencia Social dar continuidad a esas gestiones ante el Estado, tal como lo inició el entonces Director General de esa institución, Ing. César Prieto, en fecha 5 de noviembre del 2014, no pretender sacarme de nómina de manera alevosa.
Si me excluyen de la nómina sin tener a manos una pensión digna, me ocasionarían daños psíquicos demoledores y conllevaría a una segura desaparición física, pues por ahora sólo dependo del salario que devengo en esa institución, el cual apenas sirve para mantener de manera precaria a mi familia y comprar mis caros medicamentos.
Desde ya, todos están invitados a mi funeral.
