Además, logra que este caso relacionado a una red internacional del crimen organizado, sea declarado complejo.
SANTIAGO.- El Ministerio Público logró que fueran impuestos 10 meses de prisión preventiva en contra de dos mujeres vinculadas a más US$2 millones que fueron decomisados en el puerto de Haina, en Santo Domingo Oeste, los cuales se presume pertenecen a una red internacional de narcotráfico y lavado de activos.
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación, Cirilo Salomón, dictó la medida de coerción en contra de Luisa Amelia Fermín Hernández y de Miguelina Verónica Franco, madre y esposa de uno de los presuntos cabecillas de la organización, identificado como Fernando José Esteffani Fermín, todos de nacionalidad dominicana.
La información está contenida en una nota de prensa divulgada por el Ministerio Público, la cual indica que el juez además declaró complejo el proceso penal de este caso, que se vincula a una red internacional de narcotráfico y lavado de activos.
En la audiencia para la imposición de las medidas de coerción, el Ministerio Público demostró que la señora Luisa Fermín es la propietaria legal y custodia física de los dos apartamentos A-1 y B-1 allanados en el Residencial Leticia, ubicados en Villa Olga, Santiago, donde fueron encontrados drogas y diversos artículos objetivamente vinculados con los hallazgos del puerto de Haina, en Santo Domingo Oeste.
Destaca en ese sentido, que la señora Fermín no se encontraba como visitante en el lugar, sino que tiene su domicilio fijo en el Apto A-1, y que presumiblemente utiliza como almacén el apartamento B-1, también de su propiedad, razón por la cual tenía bajo su poder y custodia la llave del apartamento B-1, del mencionado residencial.
Los fiscales representantes del Ministerio Público indicaron en la audiencia que en el interior de dicho apartamento fueron confiscados 17 paquetes de cocaína, mientras que en una habitación fueron halladas piezas y repuestos de camiones, ejes cardan y un bate hueco, sin tapa, relacionados al decomiso ejecutado en el citado puerto.
Además, expresa que fueron ocupadas maletas, cinta adhesiva para maletas, una pistola glock con dispositivo de conversión, selector de disparos conocido como "pichirrí", dos cargadores de 30 cápsulas cada uno, un rifle, un chaleco antibalas, en la cocina una balanza digital, dos moldes de aluminio para prensar los cuadros de drogas conocido como "ladrillos", y una motocicleta de lujo Ducatti, entre otros objetos.
Durante la audiencia además el Ministerio Público demostró que en poder de la señora Luisa Amelia Fermín, también se ocupó un acto de venta de un inmueble, suscrito entre ella y su hijo Fernando Steffani Fermín, correspondiente a un apartamento vinculado a la investigación por lavado de activos que opera dicha red criminal.
De igual manera, se mostraron evidencias de que en el parqueo del apto A-1, propiedad y dominado por Luisa Amelia Fermín fue ocupado un carro de lujo Corvette, con un valor aproximado de US$44,000.00, además de que fue confiscado en poder de Luisa Amelia Fermín, la certificación original del apto del Residencial Kamila.
Asimismo, el Ministerio Público precisó que durante el allanamiento del apto A-3 del Residencial Kamila, detectaron que el mismo se encontraba bajo el control y dominio de Miguelina Verónica Franco, en cuyo apartamento se ocuparon 32 paquetes de cocaína, 551 cápsulas de fúsil cheko, así como 25 cápsulas calibre 22, dos escopetas, una maleta, máquinas para empaque al vacío y los títulos originales de los aptos A-1 y B-1 del Residencial Leticia, en Villa Olga.
La institución indicó que las acciones que se les imputan a las dos damas constituyen una violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, específicamente al artículo 3, numeral 2, que dispone que el que incurre en la infracción de lavado de activos, oculte, disimule o encubra la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionado con una pena de 10 a 20 años de prisión, el decomiso de todos sus bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos.
En la nota de prensa, el órgano a cargo de la investigación, destacó el esfuerzo conjunto de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía se Santiago, la DNCD y la Dirección General de Aduanas para agilizar las investigaciones.
Recordó que por este caso además son perseguidos, en virtud de una orden de arresto y captura internacional, Esteffani Fermín, así como también los dominicanos Josuan Enmanuel Fernández Fernández, Marcos Freiki Peña y Francisco Vargas, el venezolano Diego Fernando Gutiérrez Delgado, y el colombiano Luis Carlos Gutiérrez Morales.
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Procuraduría General-Ministerio Público RD
Lunes, 7 de mayo de 2018.
