03 de enero de 2016,
Santo Domingo, D. N.
Lic. Danilo Medina
Presidente de la República
Palacio Nacional
Excelentísimo señor Presidente de la República:
Plácenos saludarle y desearle un venturoso año 2017 junto a su familiay a todo el pueblo dominicano.
Permítanos disponer de su ocupado tiempo para compartir algunas inquietudes en nuestra condición de propietarios legítimos y legales de aproximadamente 395 mil tareas de terrenos ubicados en Valle Nuevo, avaladas en sus respectivos títulos de propiedad.
Nuestro interés de contactarlo responde a que hasta el momento han fracasado las gestiones encaminadas para dialogar con el Ministro de Medio Ambiente sobre la Resolución 14-2016 que nos emplaza a abandonar nuestros terrenos e inversiones en Valle Nuevo a más tardar a finales de enero, sin que se nos ofrezca ninguna alternativa, tal como lo consagra el Estado de Derecho y la propia Constitución.
Señor Presidente, si bien es cierto que nuestras propiedades han sido declaradas parque nacional atendiendo a un alto interés del país, también lo es que la Ley de Medio Ambiente 64-00, es precisa en indicar que cuando se declare área protegida una propiedad privada, el Estado debe declararla de utilidad pública y adquirirla a través de compra o permuta.
También la Constitución de la República en su artículo 51 establece que “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley”.
Nosotros somos firmes aliados de la conservación y protección de los recursos naturales de Valle Nuevo, y hemos apoyado todas las iniciativas trazadas por las autoridades para garantizar la integridad de este importante patrimonio nacional.
Por lo tanto, consideramos injustificable que se recurra a posiciones extremas o soluciones de fuerza antes de agotar los recursos del diálogo y aplicar los procedimientos que de manera clara y taxativa establecen nuestras leyes para resolver conflictos de esta naturaleza, porque en un Estado democrático de derecho nunca ha sido una opción aceptable la excusa de violar la ley para aplicar la ley. Actuaciones de este tipo, en vez de fortalecer los procesos de ley, los debilita y con mucha frecuencia termina por abortarlos.
Podemos compartir con usted un simple ejemplo del camino errado que se transita. La Ley 107-13 de Administración Pública y Procedimiento Administrativo establece que “los efectos de los “planes” o de las resoluciones de contenido normativo se verifican una vez sean publicadas de manera íntegra en un periódico de circulación nacional”. La Resolución 14-2016 sobre Valle Nuevo se publicó el 9 de noviembre y se intenta aplicar a “rajatabla” a partir del 20 de enero, cuando solo se han cumplido 58 días (al 5 de enero) de los 120 que da la resolución. ¿Qué se resuelve en Valle Nuevo con este comportamiento? ¿Por qué utilizar la fuerza del poder y no el poder de la razón?
Además, el Ministerio omitió el procedimiento de consulta pública, que según el artículo 30 de la Ley 107-13, tiene como objeto “que la Administración Pública obtenga la información necesaria para su aprobación, canalizando el diálogo con otros órganos y entes públicos, con los interesados y el público en general, con ponderación de las políticas sectoriales y derechos implicados y promoviendo el derecho fundamental a la participación ciudadana como sustento de la buena gobernanza democrática.”
Ante estas y otras incongruencias, y al no tener respuesta a las peticiones de diálogo, algunos de los firmantes han acudido a los tribunales para reclamar el cumplimiento de esas normas. ¿De qué manera puede justificarse que sea necesario un desconocimiento grosero de la ley para viabilizar el pregonado objetivo de salvar a Valle Nuevo?
De mayor gravedad aún, es el desconocimiento de actos administrativos emanados del Ministerio de Medio Ambiente, que autorizan a propietarios con sus respectivos títulos a cultivos específicos en sus tierras cumpliendo estándares dictados por el propio Ministerio, en un hecho que atenta contra el clima de confianza para la inversión privada ante el cambio inesperado de las reglas de juego que rigen la actividad económica y productiva en el país.
Esto sumado al desconocimiento o desestimación de las opiniones y recomendaciones de sus propios técnicos que trabajan desde hace varios años para alcanzar un mejor manejo de la actividad agropecuaria dentro del Parque, logrando la contención de la frontera agrícola en diversas áreas y la reforestación de otras que eran dedicadas a cultivos.
El Ministerio de Medio Ambiente ha optado por la acción drástica y dice lo que no se puede hacer, pero nunca nos ha dicho lo que sí podemos hacer en nuestros terrenos, aun sabiendo que las tierras son de nuestra legítima propiedad y que nos amparan derechos legales consagrados en la Constitución y las leyes que podríamos ejercer.
Se ha llegado tan lejos en esa vocación de desconocimiento del derecho de propiedad y de la ilegal expropiación pura y simple de las tierras, que se nos dice a través de los medios de comunicación, que debemos pagar un impuesto “alto” por usar una porción mínima de los terrenos que aún nos pertenecen para tener casas campestres u operar proyectos ecoturísticos de muy poca densidad y bajo impacto que tienen años en funcionamiento y sus prácticas compatibles con el medio ambiente han merecido reconocimiento local e internacional.
Nos alarma que el Ministerio de Medio Ambiente no quiera dialogar sobre este tema y que asuma una posición que no logramos entender, presentarnos ante la sociedad como villanos y desacreditarnos para lograr una validación de la opinión pública a sus acciones, como si tener un título de propiedad adquirido legítimamente de una extensión grande de terreno fuese un delito. Esta posición se agrava aún más, cuando todo lo que se ha hecho en nuestros terrenos desde la declaración de parque nacional en 1996 ha sido consensuado con esa dependencia gubernamental.
Como la concertación es más productiva que la confrontación, solicitamos un diálogo para presentar nuestras propuestas que se pueden resumir de la manera siguiente:
- Iniciar trámites para permutar los terrenos de aquellos propietarios que así lo consideren.
- Indicar a los demás propietarios cuáles opciones tenemos para disfrutar de nuestras propiedades, hasta tanto el Estado esté en condiciones de adquirir los terrenos según manda la ley.
Estamos convencidos de que en lugar de optar por una política de tierra arrasada, debemos sentarnos a dialogar y concertar soluciones que garanticen la conservación de Valle Nuevo, pero que a la vez permitan a los propietarios obtener beneficios de sus tierras, sobre todo considerando la escasez de recursos a la que se enfrenta el gobierno y que imposibilitaría la adecuada compensación que manda la ley.
Nosotros podemos afirmar que históricamente hemos cuidado de Valle Nuevo y eso lo demuestran las grandes extensiones de bosque que forman nuestras propiedades. Eso nos lleva a decir que con realismo y buena voluntad podemos concertar soluciones para garantizar la conservación del área protegida, siendo nosotros en ese escenario, los guardianes más celosos del bosque que lo que pueden llegar a ser los organismos públicos sin estructura adecuada para cumplir esa misión.
Reiterándole nuestra petición para que su intervención propicie el debido diálogo que se requiere para lograr las medidas necesarias para preservar Valle Nuevo al tiempo que se respetan los derechos de todos los involucrados, nos despedimos.
Gregorio Mora
Granja Mora
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Luis A. Mercado
Explotación Maderera de Constanza
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Tomás Villamán
Flores Purama
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José Delio Guzmán
Ganadera del Valle
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Miguel Crouch
Flores Antillanas
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José D. Ares Guzmán
Sociedad Agrícola del Valle
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Las demás instituciones que
integran el organismo son La corporación de Acueductos y Alcantarillado de
Santo Domingo (CAASD), el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado
(INAPA), Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y la
Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).
