
Gregorio Mora, Luis A. Mercado, Tomás Villamán, José Delio Guzmán, Miguel
Crouch y José D. Ares Guzmán, quienes en conjunto poseen títulos de
aproximadamente 450,000 tareas del Parque Nacional, en carta públicaal
mandatario exponen que han resultado infructuosos los intentos de conversar con
Francisco Domínguez Brito, ministro de Medio Ambiente, sobre la Resolución
14-2016 que emplaza a abandonar los terrenos e inversiones a más tardar a
finales de este mes, sin ofrecer alternativas.
Los firmantes son ejecutivos de las empresas Granja Mora, Explotación
Maderera de Constanza, Flores Purama, Ganadera del Valle, Flores Antillanas y
Sociedad Agrícola del Valle, establecidas en esa zona antes de que fuera
declarada área protegida.
Afirman que “históricamente hemos cuidado de Valle Nuevo y eso lo
demuestran las grandes extensiones de bosque que forman nuestras propiedades” y
proponen al Gobierno iniciar trámites para permutar los terrenos de aquellos
dueños que así lo consideren e indicar a los demás propietarios cuáles opciones
tienen para disfrutar de sus bienes hasta tanto el Estado esté en condiciones
de adquirir los terrenos según manda la Ley.
“Señor Presidente, si bien es cierto que nuestras propiedades han sido
declaradas Parque Nacional atendiendo a un alto interés del país, también lo es
que la Ley de Medio Ambiente 64-00, es precisa en indicar que cuando se declare
área protegida una propiedad privada, el Estado debe declararla de
utilidad pública y adquirirla a través de compra o permuta”, señalan.
Aseguran que están en disposición de “concertar soluciones para garantizar
la conservación del área protegida, siendo nosotros en ese escenario, los
guardianes más celosos del bosque que lo que pueden llegar a ser los organismos
públicos sin estructura adecuada para cumplir esa misión”.
Los propietarios de terrenos de Valle Nuevo, en la carta al presidente
Medina, también cuestionan el comportamiento del Ministro de Medio Ambiente, a
quien acusan de haber “optado por la acción drástica y dice lo que no se puede
hacer, pero nunca nos ha dicho lo que sí podemos hacer en nuestros terrenos,
aun sabiendo que las tierras son de nuestra legítima propiedad y que nos
amparan derechos legales consagrados en la Constitución y las leyes que
podríamos ejercer”.
“Consideramos injustificable que se recurra a posiciones extremas o
soluciones de fuerza antes de agotar los recursos del diálogo y aplicar los
procedimientos que de manera clara y taxativa establecen nuestras leyes para
resolver conflictos de esta naturaleza, porque en un Estado democrático de
Derecho nunca ha sido una opción aceptable la excusa de violar la ley para
aplicar la ley. Actuaciones de este tipo, en vez de fortalecer los procesos de
ley, los debilita y con mucha frecuencia termina por abortarlos”, plantean.
Igualmente se quejan de que Domínguez Brito no quiere dialogar con ellos
sobre el tema y, en cambio, asume “una posición que no logramos entender, de
presentarnos ante la sociedad como villanos y desacreditarnos para lograr una
validación de la opinión pública a sus acciones, como si tener un título de
propiedad adquirido legítimamente de una extensión grande de terreno fuese un
delito. Esta posición se agrava aún más, cuando todo lo que se ha hecho en
nuestros terrenos desde la declaración de parque nacional en 1996 ha sido
consensuado con esa dependencia gubernamental”.
Atentado contra la inversión privada
Los afectados por la medida calificaron la Resolución 14-2016 como un
precedente que atenta contra el clima de confianza para la inversión privada en
el país debido al desconocimiento que hace de actos administrativos emanados
del propio Ministerio de Medio Ambiente, que autoriza a propietarios a cultivos
específicos en sus tierras cumpliendo ciertos estándares.
Afirmaron que el cambio inesperado en las reglas de juego que rigen la
actividad económica y productiva en la República Dominicana puede disuadir a
potenciales inversionistas de invertir su dinero por temor a perderlo.
Las empresas Flores Purama y Flores Antillanas, propiedad de Tomás Villamán
y Miguel Crouch, respectivamente, operan plantaciones de fresas orgánicas bajo
permisos otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente.
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