El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) es una iniciativa del gobierno dominicano creada mediante el Decreto No. 22-21, emitido por el presidente Luis Abinader el 13 de enero de 2021. Este equipo fue conformado con el objetivo de representar al Estado en acciones legales dirigidas a recuperar bienes y recursos públicos que hayan sido sustraídos de manera ilícita, especialmente en casos de corrupción administrativa.
El ERPP está compuesto por abogados de reconocida trayectoria, seleccionados por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Su contratación y coordinación operativa está bajo responsabilidad del Ministerio de la Presidencia. El equipo actúa como representante legal del Estado dominicano, colaborando de manera estrecha con el Ministerio Público, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y otras entidades estatales.
Entre sus principales funciones están:
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Investigar y llevar a cabo acciones judiciales o extrajudiciales para recuperar patrimonio público.
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Apoyar legalmente los procesos en curso por corrupción y enriquecimiento ilícito.
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Coordinar estrategias jurídicas para lograr la devolución de activos robados al Estado.
Durante la gestión de Abinader, este equipo ha acompañado los procesos judiciales en varios casos emblemáticos de corrupción y ha impulsado la recuperación de propiedades y fondos obtenidos de forma irregular. Su creación responde a una política de transparencia, ética pública y cero tolerancia a la impunidad.
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público opera principalmente desde el Ministerio de la Presidencia, ya que es la institución encargada de gestionar su contratación y supervisar su coordinación administrativa.
Además, su labor se articula en conjunto con otras entidades clave como:
- Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo: responsable de su conformación.
- Procuraduría General de la República: con quien colabora en los procesos judiciales.
- Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG): para temas de prevención y control.
Aunque no cuenta con una oficina pública física a la que las personas puedan acudir, su accionar se da en el marco de expedientes judiciales, operando en tribunales, en coordinación con entidades públicas, y a través de canales legales oficiales.
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