SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca),Wilson
Camacho, afirmó este jueves que solo los tribunales de primera instancia están
facultados para validar, o ratificar, los archivos definitivos que hizo la
pasada gestión de la Procuraduría General de la República a favor de ocho
investigados por el caso Odebrecht.
Al ser cuestionado por periodistas que cubrían la
audiencia del caso Odebrecht en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva sobre la
objeción que depositó ayer una institución contra esos archivos en la Pepca, el
magistrado Camacho aclaró que no debe ser ante el Ministerio Público que se
debe depositar la instancia de rechazo a esos archivos.
La audiencia para el conocimiento del juicio de fondo
fue aplazada para el próximo 20 de octubre por el Primer Tribunal Colegiado del
Distrito Nacional debido a que uno de los abogados defensores de los imputados
se contagió con el coronavirus que provoca la COVID-19.
“La objeción a un archivo tiene que ser depositada
ante un tribunal. En este caso, ante el Tribunal de Primera Instancia del
Distrito Nacional, ya que no puede ser ante la Suprema Corte de Justicia porque
ya se desapoderó, ni tampoco ante el tribunal de juicio, porque este está
apoderado única y exclusivamente para el juicio”, enfatizó.
Camacho insistió en que solo un tribunal de primera
instancia, en este caso la coordinación de los tribunales de primera instancia,
puede conocer la oposición de una entidad a los archivos, como en este caso de
la objeción presentada por Alianza Ciudadana ante la Pepca, entidad que
promueve la lucha contra la corrupción.
El Tribunal de Primera Instancia del Distrito
Nacional, que encabezan las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y
Jissel Naranjo, conocen el expediente de los US$92 millones que pagó la firma
Odebrecht en sobornos, en el que figuran como implicados Ángel Rondón Rijo,
Víctor José Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, Juan Roberto Rodríguez
Hernández, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y Tommy Alberto Galán Grullón.
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Procuraduría General-Ministerio Público RD
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