En primer lugar vivimos en un país libre y soberano, donde nos asiste el derecho de protestar libremente, de manera pacífica en lugares públicos de todo el territorio nacional.
La Constitución dominicana, en el artículo 48 consigna el derecho de reunión: “toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley”.
El derecho de reunión se consigna dentro de los derechos políticos de la persona, es un derecho subjetivo de carácter colectivo. Los límites que se imponen al derecho de la libertad de reunión, deben ser los que garanticen que su ejercicio se realice con fines lícitos, no puede haber alteración de la paz pública y no puede poner en peligro a las personas y a sus bienes.
Cómo queda bien plasmado en el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.
La libertad de reunión protege las agrupaciones de personas que deciden congregarse previo acuerdo. Tiene un carácter público, las reuniones que protege la Constitución son las celebradas en espacios o lugares públicos, con asistencia de personas convocadas a esos fines, aun la convocatoria sea a personas indeterminadas. Y tienen un carácter temporal, se trata de agrupaciones de personas transitorias pues, de lo contrario, estaríamos en presencia de una asociación.
Las protestas al igual que al oposición son necesarias y válidas, porque son realizadas por personas a la cuales les preocupan temas relacionados con el mal manejo de los recuerdos del estado, nepotismo, mala administración del dinero que proviene de los impuestos y aranceles que los ciudadanos que trabajos aportamos a las arcas del estado.
En el caso particular al cual nos estamos enfrentando en estos momentos que fue la suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo día 16 de febrero, las protestas que se están haciendo en estos momentos están fundamentadas en que necesitamos respuestas claras sobre lo sucedido. Lo que no queremos es que se hagan los locos como siempre y se salgan por la tangente.
Sin importar la afiliación política, religiosa o cultural , es nuestro deber velar porque nuestros derechos sean respetados.
No tienen que renunciar los jueces de la junta central electoral en estos momentos, pero si tienen que explicarles al pueblo dominicano quienes van a reponer todo el dinero que se malgastó en la organización de los fallidos comisión electorales del pasado domingo 16 de febrero del 2020. Y sobre todo quienes nos darán garantías de que los comisiones venideros serán transparentes. Quienes nos aseguran elecciones diáfanas.
Da pena que personas se dediquen a desmoralizar y a querer desacreditar a los que si les duele su patria. A los jóvenes que lamentablemente viven sin esperanzas en un país donde los políticos se han creído los dueños de todo.
Un país donde no importa tú formación académica, donde no importan tus aptitudes profesionales, solo importa que pertenezcas a las filas del partido político que está en el gobierno. Solo importa que tengas una cuña en el gobierno.
Por eso los servicios de las instituciones del estado son precarios , porque las personas que los brindan no están en su gran mayoría capacitados para hacerlo.
Debemos de luchar porque se mantenga la soberanía del estado dominicano, y que siempre se respeten los derechos de los ciudadanos. Al final del día todos somos lo mismo DOMINICANOS!
Raúl E. Hernández
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