Por: José Francisco Peña Guaba
Todos los gobiernos de nuestra nación deben tener como consultor permanente, de manera casi obligada, a un avezado historiador, ello así porque para cada decisión importante éste pueda presentarle a las autoridades un informe que, basado en investigación, documentación, análisis e interpretación objetiva de los hechos anteriores, le puedan servir de necesaria referencia para la toma de decisiones en el presente.
En pueblos como el dominicano se tienen que tomar muy en cuenta su idiosincrasia, la que consideramos aquí como el conjunto de rasgos particulares que nos distinguen, que nace de nuestra singular forma de ser, propias de las tradiciones y costumbres que definen nuestro temperamento o carácter; es, en fin, nuestra identidad, lo que nos hace diferente a los demás.
Si sumamos a nuestra idiosincrasia el hecho de que la mayoría casi absoluta de nosotros, por lo menos en términos políticos, tenemos memoria de corto plazo (MCP). Es decir, nuestra capacidad para mantener y recuperar cierta cantidad de información en un corto periodo de tiempo es limitada, de donde tenemos que aceptar que, debido a esta combinación, nuestra apreciación sobre las gestiones gubernamentales cambia día a día. El hoy es lo que importa y el pasado es solo el ayer, que recordamos brevemente y que, según va pasando el calendario, vamos a olvidar.
¿Es buena o malo la naturaleza cortoplacista de la memoria del dominicano? Pues, en mi particular criterio, es uno de los rasgos más significativos de la bonhomía nuestra, pues si bien un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, en países como los nuestros, no almacenar odios, ni resentimientos es propio de gente noble.
Si no fuéramos así los dominicanos hubiéramos pedido las cabezas de todos los miembros de la corte trujillista o hubiésemos cobrado con sangre, el terror de los incontrolables funestos 12 años del balaguerato.
Sin nuestra breve retentiva hubiéramos perseguido a quienes se colocaron contra el pueblo en la guerra de abril; sin nuestro reducido recuerdo, no hubiésemos amnistiado a quienes tantos daños nos hicieron, intentando evitar la construcción de la democracia.
Pero así también nos ha ayudado esa idiosincrasia particular de los dominicanos, que no personaliza los errores y acciones incorrectas de los incumbentes cuando pasan a ser ex funcionarios. Si no hubiese sido así, muchos hubiesen sido perseguidos desde su salida de los faroles que alumbran a los que están en puestos públicos de relevancia.
Muchos nos creímos que la infame persecución balaguerista desatada contra Salvador Jorge Blanco, en el 1987, le había dado reales réditos políticos y electorales al más grande hijo de Navarrete. En una tertulia llevada a cabo entre varios amigos, salió a relucir el tema nacional obligado, en alusión a la cruzada anticorrupción que emprende como bandera principal el gobierno del cambio.
La mayoría de los contertulios exclamaban que eso, además de ético, correcto, necesario y moral era políticamente acertado. Al tratar el caso de las operaciones “anti pulpo” y “coral”, vimos que hay una gran demanda social que pide a gritos que se pare la rampante corrupción. Esa amplísima ciudadanía virtual, decidida a hacer los linchamientos digitales necesarios, ansían que todos los implicados en los casos de corrupción sean llevados a la cárcel.
Innegable fue la conclusión de todos los participantes, acerca de la necesidad impostergable de que se tomarán las medidas condignas para perseguir los actos de la mega corrupción y su sometimiento inmediato a la acción de la justicia.
Hay que ser tremendamente insensato e injusto como para no apoyar al Presidente Abinader en tan magna y patriótica tarea. Lo que sí hubo, en verdad, fueron algunas observaciones interesantes, tales como aquella de que tenían que incluir a todos corruptos y corruptores, que había que recuperar los bienes sustraídos, que no podía ser persecución selectiva (sólo contra un partido); que había que respetar el debido proceso, que había que tener cuidado con las redes sociales, que no son jueces, y que había que tener pruebas contundentes para obrar en justicia. De todos esos criterios tomamos nota y vimos, con complacencia, que existe un espíritu rebelde que no hace causa común alguna con la mega corrupción recién denunciada.
Al tocarme el turno, sostuve que mantenía un apoyo firme a la moralizadora iniciativa presidencial, que muchas de las opiniones vertidas sobre la forma eran temas a considerar y a ser tomadas en cuenta, más en lo que difería de algunos pareceres era en que esto, políticamente, hablando en términos electorales, no parece que fuese conveniente, a la luz de la experiencia pasada. Vistos los resultados electorales de un caso parecido, el llamado “Juicio del Siglo” como se le denominó a aquel que llevó a la cárcel por corrupción, injustamente a mi parecer, al expresidente Dr. Salvador Jorge Blanco y, con él, a otros funcionarios y empresarios, como el caso del ex- secretario de las Fuerzas Armadas, Mayor General Cuervo Gómez, así como a suplidores del Estado, Leonel Almonte y Peña Valentín, acusados todos de sobrevaluación en la compras realizadas por los cuerpos castrenses.
En ese tiempo no existía todavía el internet, ni los celulares ni, mucho menos, las redes sociales, pero el gobierno de turno utilizó la magia de la televisión para convertir esos juicios en la más vista de todas las teleseries. Todo el aparato comunicacional de la época se puso al servicio del balaguerismo para perseguir inmisericordemente a los ex funcionarios del jorgeblanquismo y participaron jueces implacables contra la presunta corrupción perredeista.
Tal era la popularidad que tenía la cívica cruzada anticorrupción, que adonde llegaba el temible fiscal del Distrito Nacional, el Dr. Prim Pujals, los ciudadanos lo recibían con aplausos, como reconocimiento a su “abnegada” labor.
En el imaginario popular se tiene por sentado que esa acción de persecución a Salvador fue la que determinó la continuidad del Presidente Balaguer en el poder para el 1990. Nada más falso. Basándonos en datos reales y que entendemos contundentes, consideramos probado más allá de toda duda que eso no le dio rédito electoral alguno a la causa de poder reformista. Veamos las razones.
1- El Dr. Balaguer tuvo que hacerle un fraude colosal al PLD para poder “ganarle” las elecciones en el 1990;
2- Fue tan poca la diferencia que le garantizó la junta electoral reformista, que la diferencia de votos fue de apenas 24,470 votos a favor del Dr. Balaguer, con todo y el uso y el abuso de los recursos públicos para las elecciones del 1990.
3- Pero, ¿ustedes saben cuánto fue el porcentaje y los votos obtenidos por el Dr. Balaguer para imponerse en esa elección? Obtuvo 678, 065 votos, para apenas un 35.35% de los votos válidos. Lo peor es que esta suma sólo significó el 20% de la representación del total del universo de electores de la época, que era de 3,275,570 inscritos en el padrón electoral, de una población de un poco más de 7, 500,000 habitantes.
4- Está más que claro que Balaguer se quedó en el poder con sólo el apoyo de un 20% de empadronados, o lo que sería igual a un 35% de los electores concurrentes.
5- En 1990 la oposición obtuvo casi un 65% del total de votos, o sea, ¡que arrasaron en las elecciones! Solo un sistema electoral injusto, ilegítimo y excluyente como el que teníamos en aquel entonces, permitió la aberración de un nuevo gobierno balaguerista.
6- Pero fue la falta de voluntad unitaria de la oposición la que impidió humillar electoralmente al confeso cortesano de la era trujillista, porque al Partido de la Liberación Dominicana y a Juan Bosch les contaron, la junta parcializada de entonces, 653,595 votos, para un 33.79%; a un Partido Revolucionario Dominicano llevando la candidatura de Peña Gómez, dividido y perseguido acremente por las huestes reformistas, le contaron 449,399 votos, para un 23.23% y, a un disminuido Jacobo Majluta en representación del Partido Revolucionario Independiente, le sumaron 135,649 votos, para un 7.01%. Los otros candidatos opositores obtuvieron el casi 2% restante.
7- La culpa mayor de esa situación fue el error estratégico del Partido de la Liberación Dominicana y de Bosch, que no aceptaron una propuesta de unidad que le hizo mi padre para apoyar a su maestro y llevarlo de nuevo al Palacio Nacional. Si ese binomio PLD-PRD (Bosch-Peña) se hubiese constituido, hubiese sido la pela electoral más grande de la historia Republicana, con toda y junta pro balaguerista.
8- En el momento no entendí cómo el PLD le negó a su fundador y líder su segura victoria electoral. Solo mucho después fue que me enteré que la causa principal para dicha negativa peledeista a la unidad, es que creían que la marca PRD en dicha alianza sacaría más votos que el PLD y eso establecería que quien hubiera ganado electoralmente como partido, sería el PRD, a quien le deberían su triunfo los morados.
9- El Dr. Balaguer, desesperado ante la inminente derrota que le esperaba en las elecciones, para garantizar que el PRD participará como partido de manera independiente y que la mayoría de votos perredeistas no se fueran a apoyar a Bosch, autorizó que entraran los ex funcionarios imputados que estaban en el exilio perseguidos por la justicia balaguerista para que hicieran quórum legal en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, y con ello se garantizara la participación de la franquicia blanca en la justa comicial, con el único interés de que su ausencia electoral no le diera ganancia electoral a los morados.
10- Solo la pericia y acostumbrada marrullería del Dr. Balaguer podía hacer jugadas tan maestras como la que tuvo que hacer para quedarse en el poder en 1990. Sus acólitos tuvieron que hacer de todo para “ganar”, porque de su cruzada anticorrupción no consiguieron ni un solo voto, y todo ese esfuerzo de tres años de constantes persecuciones al perredeísmo no le sumó absolutamente nada. De hecho, la división del PRD en 1986 fue originada por el “Pacto La Unión”, que explica los resultados electorales adversos para ese partido en las elecciones de ese año.
Al terminar la tertulia, después de acalorados debates, llegamos a la conclusión de que la persecución que hoy se lleva contra la corrupción es necesaria y moral; es patriótica y correcta, es solicitada por las masas y debe ser atendida, es una magna tarea que hace prístina la actual gestión gubernamental. Todo el pueblo debe aplaudir y apoyar la determinación del presidente Abinader de parar de cuajo la elefantiásica corrupción dominicana.
Ahora bien, vista la corta memoria de los dominicanos, que en su momento harán que las redes sociales, por su carácter voluble y sensacionalista dejen de ver a los que se fueron y se ocupen de las nimiedades de los que están, más una idiosincrasia popular que perdona prontamente las culpas o excesos (como prueba está la presión social realizada para que se soltaran los presos de Odebrecht, por tan fútiles pruebas presentadas y por el precedente histórico del juicio del siglo del 87), coincidimos los participantes en dicha charla en que, con todo lo moral y necesaria que es, la cruzada anticorrupción, en términos políticos electorales muy diferente a lo que muchos creen, al parecer no rentará voto alguno. Por eso el mismo presidente Balaguer, habida cuenta de los resultados de las elecciones de 1990, se lamentó de haber autorizado la encarcelación del Dr. Jorge Blanco, cosa que fue confirmada en una entrevista en el 2019 por una persona de su “cercanía”, el ex fiscal del Distrito Nacional, el Dr. Alexis Joaquín Castillo, quien reafirmo dicho arrepentimiento, que como mea culpa asumió razonable el Dr. Balaguer ante los pésimos resultados del año 90.
