Por: José Francisco Peña Guaba
El voto preferencial es un sistema de votación que “… permite a los ciudadanos sufragar por el candidato o candidata de su simpatía, de una lista que se les presenta a los electores en una determinada circunscripción.” (Mendoza, 2013).
El sistema de voto preferencial fue aprobado en la República Dominicana en las elecciones congresuales de 2002, instituido por primera vez mediante la Resolución núm. 5/2001, de fecha 2 de julio del 2001 de la Junta Central Electoral (JCE) y aplicada para las elecciones municipales y congresuales del año 2002 hasta las de 2010 (Pérez, 2016), de acuerdo a las resoluciones internas JCE números 06/2005, de fecha 29 de agosto del 2005 y 06/2009, de fecha 14 de mayo del 2009.
En 2010 la Junta Central Electoral decidió suprimir el voto preferencial, lo que hizo mediante su Resolución 74/2010, de 29 de octubre. Sin embargo, el Congreso Nacional se dispuso a reinstaurar la modalidad de voto preferencial, lo que hizo como se dijo mediante la Ley núm. 157-13, instituyendo el sistema de voto preferencial para el nivel congresual (diputaciones), y extendiéndolo a los regidores y regidoras de los municipios y a los vocales de los distritos congresuales.
Con la implementación del voto preferencial para regidores y vocales aumentaron exponencialmente los costos de campaña en este nivel de elecciones. Hubo que disponer de muchos recursos para competir, tantos como no se habían gastado nunca en unas elecciones que, para colmo, fueron únicamente municipales. Ahora, en el nivel congresual, se repetirá la historia y se superará la marca de costo e inversión para campañas electorales.
Las municipales le costaron al Estado decenas de miles de millones de pesos. La inversión fue y volverá a ser extraordinaria sin que ningún organismo asuma su deber de control legal. Ni siquiera se promueve el cambio radical de la forma de hacer campaña, que es el eje fundamental del costo actual de las actividades de propaganda electoral, a pesar de que la ley de partidos intentó modificar ese comportamiento al consignar como ejes de propaganda los debates electorales y la utilización de medios digitales.
Básicamente, el sistema de voto preferencial provoca muchísimos efectos negativos: en cuanto a los aspectos económicos, incrementa el costo de las campañas porque cada candidato, que ya superó la doble exposición o competición, primero interna y luego externa, ahora se enfrenta a un hecho innegable: todo diputado, incluso todo senador que quiera ganar en su demarcación tiene que hacer acuerdos económicos para lograr la participación de los candidatos (ganadores o perdedores) en las elecciones municipales, buscando que esos candidatos “acarreen” votos y no permitan que la base electoral se disperse.
El sistema genera discriminación contra los candidatos más pobres y privilegia la utilización de capital ilegítimo en las campañas, vía por la que quienes tienen dinero obtienen o pretenden obtener favores políticos. Asimismo, genera y mantiene un clientelismo nefasto, en el que los electores solamente votan por quien les pague.
En cuanto a los aspectos políticos, intensifica las confrontaciones entre los candidatos del mismo partido en la campaña, quiebra la disciplina y la autoridad a lo interno de los partidos, dejándolos a los partidos sin árbitros imparciales porque todos deben competir por la posición, genera violencia entre compañeros de un mismo partido y entre miembros de partidos contrarios.
En cuanto a la democracia como sistema: el voto preferencial de diputados coloca a los candidatos más vulnerables en una situación aún más desventajosa, sobre todo las mujeres y los técnicos calificados. En el caso de las mujeres, el voto preferencial neutraliza el efecto de la cuota femenina y a quienes no tienen dinero para competir pero tienen el conocimiento y la experiencia para desempeñar adecuadamente la función pública, los deja fuera de competición, perjudicando la calidad de la representación.
Lo peor del caso es que obtener una mayor cantidad de votos preferenciales ni siquiera garantiza la elección del candidato favorecido por la simpatía del votante. Otra vez, como en las municipales, se multiplican las posibilidades de que los candidatos que haya obtenido mayor cantidad de votos preferenciales no sean electos, frente a otros cuyos partidos, contando sólo el nivel de diputados, alcance mayor votación general pero menor votación preferencial.
Además, resultarán electos candidatos que no tienen representación popular: al imponerse la inversión económica y el voto de partido los candidatos electos ni siquiera tendrán que preocuparse por beneficiar a sus electores, solo por aparentar que los benefician, y asegurarse de que podrán realizar otra vez la inversión necesaria para ser electos. Ese sistema es terriblemente nocivo para la democracia dominicana.
No hay dudas de que el Voto Preferencial es el más caro del mundo. Constituye el encarecimiento del proceso electoral más allá del costo natural o razonable de la democracia. Puesto que al depender, cada candidato, de sus propias finanzas para competir a lo interno de sus propios partidos, se produce una incontrolable confrontación económica.
Es indiscutible que el Sistema de Voto Preferencial (SVP) privilegia el dinero ganado con facilidad. También estimula a los detentadores de capitales, honradamente ganados o no, a interesarse por la actividad política, en la mayoría de los casos para blanquear sus opulentas arcas y en ocasiones para blindarse en el ejercicio de actividades contrarias a la ley, a la moral y las buenas costumbres.
Los recursos producto del trabajo legal y del esfuerzo moral no pueden competir con el dinero de estos sectores en procura de la consecución de una curul.
Se ha comprobado que el voto preferencial genera clientelismo. Muchos militantes son inducidos a venderse al mejor postor, a veces, hasta de manera simultánea a más de un candidato, creando conflictos a lo interno de los partidos y organizaciones políticas. Discrimina a los más pobres, porque sin importar los méritos ni el tiempo de militancia partidaria, el que no tiene dinero no tiene tampoco cómo ganar el escaño.
Aunque los apologistas del Voto Preferencial afirmaban que este ampliaría las bases de la representación parlamentaria, la práctica los ha desmentido, puesto que, contrariamente a sus afirmaciones, tampoco los líderes comunitarios tienen posibilidades en estos procesos; toda vez que la popularidad se convierte en una cara mercancía de la que solo disfruta el que pueda pagar su oneroso precio.
Ello explica que desde su implementación no hayamos tenido líderes comunitarios ni dirigentes populares en el congreso.
El Voto Preferencial desconecta sicológica y disciplinariamente al candidato de su propio partido: ya él no depende de su partido para postularse ni para ganar, sino de su dinero. Ello genera la más feroz confrontación a lo interno de los partidos. Recordemos que esto se agrava, porque el marco legal electoral suprime la potestad disciplinaria a los partidos políticos cuando hay candidaturas de por medio. En esa circunstancia las autoridades u organismos partidarios devienen en incompetentes para resolver los conflictos producidos entre candidatos de un mismo partido: es cuestión de la jurisdicción electoral.
Las autoridades de los partidos, si pretenden ser candidatos, están obligados a competir con los miembros de las bases, ello deja al partido sin árbitros, sin autoridad; puesto que la jefatura se convierte en parte; pierde su condición de tercero imparcial para asumir su rol de dirimir. Esto implica, necesariamente, la quiebra de la autoridad partidaria. La otra opción del liderazgo es autoexcluirse, renunciando a derechos fundamentales como el de ser elegido. ¡Nada más absurdo! Lo mismo no ocurre con otros sistemas de postulación.
Cuando valoramos todas sus falencias, nos damos cuenta de que la aprobación del voto preferencial con la mayoría mecánica del PLD, fue con la única intención de usar el poder para imponer ganadores en la mayoría de las demarcaciones electorales.
