Dice al CONEP que el PRM y empresarios coinciden en defensa de libertad de empresa, en cambios por el desarrollo económico y social, en institucionalidad y modernización del país.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y fuerzas aliadas, Luis Abinader, invitó al empresariado nacional a acompañarlo en el proyecto de nación que presentó hoy ante el CONEP, resaltando importantes coincidencias entre el gremio y las medidas que implementará su gobierno, ganadas las próximas elecciones.
Dijo que venía a compartir con los empresarios el país que queremos y lo que hará en los principales aspectos para reformular entre todos ese país que necesitamos levantar.
A continuación presentamos un resumen de la exposición del candidato presidencial puntero para ganar las elecciones del 5 de julio:
Históricamente, la economía dominicana ha exhibido tasas de crecimiento del PIB por encima del promedio de la región, aunque ese crecimiento se ha producido en un ambiente de alta informalidad del mercado de trabajo, salarios bajos y precariedad laboral. “Adicionalmente, el gasto público es de pésima calidad y la deuda pública ha crecido de forma descontrolada y comprometiendo una parte importante de los ingresos públicos.
Nuestro plan de gobierno procura lograr un crecimiento con desarrollo, transformando el Estado en uno moderno, eficiente y capaz de responder a los desafíos de la seguridad ciudadana, del sector eléctrico y a los déficits de los servicios públicos, cumpliendo con las nuevas demandas que impone una política exterior soberana en un mundo globalizado”, precisó..
Si bien es cierto que el COVID19 ha introducido situaciones que están siendo incorporadas en nuestros planes, la prioridad es la creación de empleos formales. El Gobierno del Cambio aspira a crear 600 mil empleos formales en un período de 4 años, a reducir la tasa de desempleo y a revertir la informalidad en el mercado de trabajo.
Hora de desarrollar una política exportadora. El crecimiento de nuestra economía se ha sustentado en la demanda doméstica y específicamente en el crecimiento de los sectores que producen bienes no transables, como construcción, salud, finanzas, y comunicaciones. Es hora de implementar una verdadera política exportadora, pues solo así podremos revertir la informalidad del mercado de trabajo y propiciar una mejoría en los niveles de salarios de nuestra fuerza laboral.
Entre las medidas que implementaremos para lograr este objetivo se encuentran:
Eliminar del cálculo del anticipo del impuesto sobre la renta la proporción de los ingresos que se origina en el valor exportado
Implementar una política agresiva para duplicar el número de empresas de zonas francas con énfasis en el encadenamiento local.
Capacitar al servicio exterior para promover las inversiones extranjeras hacia el país, así como los productos y servicios dominicanos en el exterior.
Aplicación de la sentencia relativa al transporte de carga.
Apoyo para lograr la aprobación de la nueva ley de aduanas
Hacer eficiente y coordinada las inspecciones de productos de exportación de las distintas instituciones públicas utilizando un sistema de perfil de riesgo
Acelerar la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, mejor conocida como VUCE, integrándola con la iniciativa privada de DR Trade.
Apoyar enérgicamente la minería responsable con el medioambiente y desarrollar un turismo más allá de playa y sol, creando las condiciones para expandir la oferta de los servicios turísticos y simultáneamente ejecutar una agresiva política de buscar nuevos mercados emisores de visitantes y ampliar los mercados existentes.
Esas medidas están orientadas a propiciar un incremento en la demanda de trabajo, pero es imprescindible aplicar políticas públicas que apoyen la oferta de trabajo, mediante el fortalecimiento de las habilidades y conocimiento de nuestros trabajadores, para esto, nuestro plan de gobierno contempla:
Mejorar la educación para el trabajo técnico en INFOTEP, tomando en cuenta las necesidades de los sectores productivos, las territoriales; nuevas metodologías de enseñanza y las plataformas tecnológicas, así como el desarrollo de iniciativas emprendedoras.
Fomentar programas productivos bajo el sistema de cooperativas, lo cual debe comprender: capacitación y fortalecimiento del nivel de asociación.
Promoción del inglés como segunda lengua.
Establecimiento del Programa oportunidad 14-24, para Identificar a los jóvenes entre 14 y 24 años que en la actualidad ni trabajan ni estudian, para integrarlos en programas de formación técnico-vocacional, culturales y motivacionales.
La mejor forma de enfrentar la informalidad es mejorando la eficiencia del Estado y mejorar la institucionalidad. No obstante, algunas acciones son prioritarias para reducir el costo de transacciones de las empresas y personas con el Estado. Entre esas medidas menciono:
Revisar todas las normas de la DGII para eliminar aquellas que crean burocracia y no tienen alto impacto en la recaudación.
En el ámbito de la permisología someteremos un Proyecto de ley de Silencio Administrativo.
Actuar con firmeza contra el contrabando de mercancías.
Promover la agilización de los fallos a Recursos de Reconsideración para que no tarden más de 3 meses y eliminar el cobro de intereses sobre el tiempo superior a estos 3 meses sin haberse fallado el recurso.
Implementar la Ley de Garantías Mobiliarias para permitir que los pequeños empresarios puedan utilizar bienes muebles como garantía de sus préstamos.
Implementar un mecanismo ágil de pagos de adelantos en las compras gubernamentales.
Establecer parámetros transparentes para declarar licitaciones de urgencia que eviten la penalización a las MIPYMES.
Déficit fiscal y eléctrico. Existen dos grandes desafíos económicos que enfrentaremos de forma responsable y transparente a partir del 16 de agosto, los que denomino déficits mellizos del sector público: el déficit fiscal y el del sector eléctrico.
“Llevamos más de doce años con las finanzas públicas operando con déficits significativos, que han ocasionado un incremento en la deuda pública. Y luego de doce años de gastar más de lo que se recauda, ninguno de los problemas fundamentales que aquejan a nuestro país ha sido resuelto.
La calidad de la educación sigue siendo pésima. Según el Banco Mundial, en 2018 la expectativa de escolaridad de un niño dominicano era de 11.3 años, pero la escolaridad efectiva por manejo de contenidos equivalía a 6.3 años. Los datos de PISA en 2019 colocaron a la República Dominicana en los peores niveles de calidad.
Nuestro sistema de salud es incapaz de garantizar la salud como un derecho, pues la morbilidad y la mortalidad prevenibles están en aumento; el pueblo se siente inseguro por la delincuencia existente; casi la mitad de la población no tiene acceso al agua potable; hay un déficit habitacional que supera los 2,1 millones de viviendas, un sistema eléctrico incapaz de proveer electricidad las 24 horas, y el resultado son necesidades primordiales insatisfechas y finanzas públicas deterioradas y con grandes restricciones para enfrentar la crisis que estamos padeciendo fruto del COVID19. ¡Esto vamos a cambiarlo!
Nuestro programa de gobierno, elaborado antes del surgimiento de la pandemia, tenía por objetivo eliminar el déficit del sector público no financiero en un periodo de cuatro años. Obviamente, la pandemia impone un cambio de esta meta pues el objetivo primordial de corto plazo es la recuperación rápida de la economía para evitar la pérdida de empleos.
Sin embargo, una vez superada la crisis y estabilizada la economía retomaremos nuestro compromiso del establecimiento de una regla fiscal en donde el gasto público primario crezca por debajo del crecimiento de los ingresos tributarios. Lo que sí quiero que les quede claro es que desde el primer día manejaremos las finanzas públicas con total transparencia y eliminado todos los gastos superfluos y dispendio que existen actualmente.
Debemos garantizar la disponibilidad de energía, porque es determinante para alcanzar el potencial productivo de una economía. El problema de los apagones debe resolverse. Lo primero que haremos es sacar la política de este sector.
El fortalecimiento de la institucionalidad significa eliminar la extrema politización que ha caracterizado las actuaciones de las instituciones y empresas públicas en este sector.
El primer foco de politización, despilfarro y sobrecostos son las tres empresas distribuidoras de electricidad, por lo que dentro de las primeras medidas de mi gobierno se encuentran la eliminación de los tres consejos de administración y la designación de solo uno integrado por profesionales de gran solvencia profesional y ética.
El mandato inmediato de ese nuevo y único consejo será la eliminación del dispendio, la mejora gerencial, la introducción de nuevas tecnologías y, eventualmente, el traspaso de la gestión administrativa de las distribuidoras a una firma privada especializada en gestión de servicios públicos que se contratará mediante licitación pública internacional.
Así lograremos un sector eléctrico confiable para el sector productivo y asequible para los ciudadanos. Con estas y otras medidas conseguiremos garantizar la energía permanente y de bajo coste que el sector productivo necesita.
Reforma del Estado. No es posible lograr nuestro objetivo de crecimiento con desarrollo manteniendo un Estado ineficiente, poco transparente en el uso de los recursos públicos, con la corrupción y la impunidad vistas como algo normal. Pues no, no es normal que exista tanta corrupción, y menos normal es que la impunidad sea la norma.
Para reformar y modernizar el Estado crearemos un mecanismo compatible con la Constitución para crear un Ministerio Público independiente.
Fortaleceremos la independencia de las Unidades de la Contraloría en las entidades públicas.
Adecuaremos la ley de Compras y Contrataciones Públicas a fin de establecer sanciones penales y civiles para los miembros de los comités de compras y contrataciones de cada institución pública.
Estableceremos en la Cámara de Cuentas la obligación de publicar la calendarización del plan de auditoría, debiendo ser auditada cada institución del Estado anualmente.
Limitar la discrecionalidad en la toma de decisiones del Ejecutivo, mediante Leyes de Silencio Administrativo Positivo, citó entre otras medidas de su plan de Gobierno del Cambio.
Durante la presentación del candidato presidencial Luis Abinader ante el CONEP estuvieron sus principales directivos de ese gremio empresarial encabezado por su presidente Pedro Brache Álvarez y su vicepresidente ejecutivo Cesar Dargam, mientras Abinader estuvo acompañado por la candidata vicepresidencial, Raquel Peña, el presidente del PRM, senador José Ignacio Paliza, Lissandro Macarrulla, Eduardo Sanz Lovatón, Samuel Pereira, Jochi Vicente y Miguel Núñez Herrera, entre otros.
