Legisladores del PRM dicen Gobierno puede proteger la población sin necesidad de un cheque en blanco
El Gobierno Dominicano está en capacidad de aplicar todas las medidas necesarias para proteger la población en medio de la crisis, sin necesidad de contar con poderes extraordinarios “para hacer negocios particulares y convertir la asistencia social en una extensión de la campaña electoral”.
La posición fue expresada por el Bloque de legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al declarar su decisión de no apoyar el cuarto período de excepción solicitado por el presidente de la República.
Indica la declaración que el estado de emergencia es una medida de excepción que no puede asumir un carácter permanente sin poner en riesgo la institucionalidad democrática del país.
Tras señalar que las autoridades pueden tomar todas las medidas necesarias para apoyar a los sectores afectados por la crisis y evitar un rebrote del Coronavirus, el bloque congresual del PRM recuerda que la ley 42-01 de Salud Pública, autoriza al gobierno a tomar medidas de control para fines sanitarios, como establecer horarios y condiciones de apertura de negocios, y regulaciones como el uso obligado de mascarillas y el distanciamiento social, entre otras.
Algo similar ocurre con los procesos de compras puesto que la propia Ley 340-06 pueden ser declarados procesos de emergencia sin necesidad de la promulgación de un estado de excepción, apunta el documento de los legisladores de oposición.
Citan decreto 308 -06
Los congresistas le recordaron al presidente Medina el decreto número 308 -06 dictado por el presidente Leonel Fernández en el año 2006 mediante el cual dispuso la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas en colmados, bares y centros de diversión a partir de las 12 de la noche, sin estar amparado en un Estado de Emergencia, “una facultad que también posee el actual mandatario dominicano”.
Y exponen que las facultades excepcionales no fueron aprovechadas en sus inicios por el Gobierno de la forma más oportuna posible para decidir y ejecutar el conjunto de políticas públicas necesarias para romper la cadena de contagio.
“A través del tiempo, lo que hemos visto es todo lo contrario, un abusivo uso de esas facultades para favorecer a personas y compañías vinculadas al partido oficial y a la administración actual”, sostiene el PRM a través de su bloque legislativo.
“Entendemos que no es posible conceder facultades tan amplias y por tanto tiempo a un Gobierno incapaz de utilizarlas con la debida responsabilidad. El Gobierno utiliza el estado de emergencia como un cheque en blanco girado en favor de sus intereses electorales”, enfatiza la declaración.
Los legisladores sustentan su posición en los siguientes razonamientos:
1. El Gobierno, de acuerdo a declaraciones del propio ministro de Salud Pública, no ha realizado ninguna compra directa de kits de pruebas rápidas. El sistema de salud está trabajando con donaciones.
2. El Ministerio de Salud Pública no ha implementado un programa de pruebas masivas y gratuitas que permitan detectar a todos los posibles contagiados en el territorio nacional.
3. El Gobierno patrocina el uso político de los planes sociales, permitiendo la entrega sin la debida equidad que las circunstancias demandan.
4. El Gobierno no rinde cuentas, con el rigor necesario, ante el Congreso y los ciudadanos sobre las ejecuciones de todas las compras y contrataciones realizadas durante el Estado de Emergencia, como tampoco conduce a la justicia a sus infractores.
5. El Gobierno se negó a garantizar transparencia con la incorporación a la Comisión de Veedores de las Compras Gubernamentales durante la emergencia a un representante del Movimiento Cívico Apartidista Participación Ciudadana, y tampoco ha aportado las herramientas y el apoyo para que esta opere con toda oportunidad.
6. El ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, tuvo que anunciar la anulación de contratos, a raíz del escándalo suscitado por la adjudicación irregular de 26 procesos de compras de insumos y equipos para enfrentar el Coronavirus, por un valor de RD$2,725 millones.
7. El propio presidente de la República se vio en la obligación de cancelar todo el personal vinculado a los procesos de compras del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) por la denuncia de irregularidades en las compras de kits.
8. El Gobierno anuló unas licitaciones concedidas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que beneficiaban a tres empresas de un mismo propietario.
9. El Partido de la Liberación Dominicana y su candidato se mueven libremente en las calles en horas de la noche, en violación del toque de queda, mientras los candidatos de la oposición solo pueden realizar sus limitadas actividades hasta las primeras horas de la tarde en cumplimiento de la medida gubernamental.
