En visita a la diputada presidente de la Comisión Asuntos de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, Magda Rodríguez Azcona, que conoce del Proyecto de Ley que crea el Sistema Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, consideró prioritario para un abordaje eficaz de estos casos garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
“La realidad es que, las mujeres víctimas de violencia dudan de la efectividad de las acciones juidiciales cuando denuncian a sus agresores, por eso creo conveniente garantizarles que un juez cercano, como son los jueces de paz que operan en los 158 municipios, y el juzgamiento a través de un procedimiento penal breve, les garantizarán indiscutiblemente además de un acceso rápido, oportuno y de menor costo que un juez dicte sentencia en una sola audiencia” dijo Hernández Peguero.
“Con el fin de evitar que la madre denunciante tenga que acudir ante varios tribunales, propongo que la ley confiera competencia al juez de paz que conoce del caso para que provisionalmente establezca la pensión alimentaria de los hijos menores de edad procreados con el agresor” expresó el ex fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero.
Sugirió que, para lograr la eficacia de la Orden de Protección a favor de las denunciantes las mismas deben además de ser notificadas por alguaciles, el agresor debe ser supervisado en su cumplimiento por una autoridad policial cercana a donde reside la víctima, ante el cual deberá presentarse periódicamente y quien deberá rendir al tribunal y fiscalizador apoderado un informe al respecto.
Asimismo, consideró conveniente que, tal y como existe en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el Poder Judicial establezca las Salas de Atención de Víctimas y Testigos en donde se celebran audiencias, con el fin de garantizarles a las mujeres denunciantes que acuden a un ambiente seguro y esperar con asesoría de psicólogos y abogados el momento oportuno para ir a la sala de audiencia y evitar las amenazas e intimidaciones de los agresores y sus familiares.
Respecto al Fondo Especial para Mujeres Víctimas Violencia consideró que el proyecto de ley debe extender su alcance a los huérfanos de los feminicidios y que sus fondos económicos se nutran además de las multas impuestas a los agresores, del 10% de lo producido por los bienes decomisados por aplicación de la Ley de Lavado de Activos y de un 1% de los premios pagados a los agraciados en los juegos de azar regulados.
Fuente:El Caribe
