Por: José Francisco Peña Guaba
Las leyes de Partidos y de
Régimen Electoral pasaron por tramites congresuales de casi quince años de
duración. Lamentablemente, las leyes resultantes dejan mucho qué desear,
presentan contradicciones entre sí y en su estructura interna, además de que
varias de sus disposiciones son de difícil interpretación y armonización.
Una de las confusiones inducidas
por la redacción contradictoria de varios artículos de la Ley Electoral, es el
relativo al arrastre de senadores y diputados, situación que acaba de ser
¿resuelta? por la Junta Central Electoral asumiendo que en 26 provincias no
divididas por circunscripciones no haya arrastre, y en las 6 provincias en las
que sí hay circunscripciones que el arrastre se mantenga.
La solución sin duda que ha
crispado los nervios de la mayoría. Ciertamente, que no haya arrastre en ningún
lugar es lo idóneo, porque el sistema político pasaría al máximo grado de
personalización del voto.
Las realidades políticas, sin embargo,
son claras en el tema del arrastre. Todos sabemos que el interés de los
legisladores no fue quitarlo. Digamos que el asunto se produjo por la rapidez
con la que se aprobó la Ley Electoral.
Se ha denunciado que permitir el
arrastre en provincias que acumulan aproximadamente el 59% de la votación
nacional, es para favorecer a determinados senadores. El argumento obvia el
hecho de que el sistema adoptado por la JCE modifica sustancialmente la forma
de integración de casi el 82% del Senado de la República. En efecto, 26 de 32
senadores van sin arrastre, de manera que necesariamente los competidores en
esas 26 provincias deberán desarrollar estrategias políticas totalmente
diferentes a las que actualmente utilizan, abriendo una brecha importante para
todos los partidos.
La Junta Central Electoral puede
haber rendido una decisión conflictiva, pero sin duda se trata de una decisión
que pretende encontrar el equilibrio y que se basa en la redacción de la ley.
En efecto, en la circunscripción
electoral –la demarcación geográfica que contiene los votos necesarios para
elegir representantes municipales y congresuales– los votos que se emitan por
un candidato no pueden ser computados a favor de otro, dispone la ley, y de
inmediato hace la excepción de que sí se computen los votos a favor del
senador.
Aunque la idea del arrastre es
nefasta y nadie la quiere, la realidad es que está instituida por la misma ley.
En consecuencia, la solución de admitir el arrastre en las provincias divididas
en circunscripciones no resulta descabellada. Al contrario, la vemos como
equilibrada.
Viendo el asunto desde la óptica
de que los miembros de la JCE son designados por el Senado, esta es, entonces,
una decisión valiente, demostrativa de entereza y valor, porque los miembros de
la JCE han decidido a unanimidad en contra del deseo expreso de aquellos que
los designan.
El arrastre en 6 provincias no
es, necesariamente, una ventaja para el partido de gobierno, puesto que se ha
permitido precisamente en provincias en las que existe una clase media
extendida, que participa en los procesos electorales y que suele exigir planes
y programas como forma de dar su respaldo político.
En cuanto al tamaño de las
provincias en las que se mantiene el arrastre, interviene un elemento no
ponderado o no considerado en su debida naturaleza: al ser demarcaciones con
tantos votos, el costo de la campaña es extraordinariamente alto, tanto que un candidato
a senador que concurra solo difícilmente podría cubrirlo, esto es, participando
sin la concurrencia de los diputados. Se trata de una simbiosis, en la que los
candidatos a senador y diputados se ayudan mutuamente.
Suele decirse que lo que es igual
no es ventaja. Los partidos opositores tienen que tomar conseguir mayor
respaldo de partidos mediante la formación de alianzas, proponer candidatos a
diputados que sean populares en sus demarcaciones, para que sumen al senador.
Esto sólo puede hacer la diferencia. No le es fácil en estas provincias tan
grandes generar, gestionar candidatos a senadores, ya que actualmente no
existen liderazgos personales conocidos para ese nivel de elección, o no existe
en todas las provincias, por lo que el apoyo y concurrencia de los diputados es
de importancia determinante para el triunfo electoral.
La solución dela JCE no es óbice
para que cualquiera que entienda que debe ser total la eliminación del arrastre
acuda al Tribunal Constitucional. Si se logra esa victoria seria, a fin de
cuentas, porque la JCE lo eliminó en 26 provincias.
Es necesario comprender que en
los momentos actuales, tomar posiciones irreductibles nos conduciría a
enfrentamientos no solamente innecesarios, sino que políticamente obren
reduciendo la capacidad de maniobra de la JCE y permitiendo que los partidarios
del arrastre unifiquen posiciones en torno a la aprobación total, para todas
las provincias, de ese modelo perverso y negativo de elección. Ya hay aprestos
para modificar la Ley Electoral y reintroducir el arrastre en todas las
provincias.
Es por ello que sugerimos a todos mantener la calma, analizar el asunto
con la frialdad que caracteriza al liderazgo político cuando se trata de
superar crisis coyunturales, y actuar con la obligada prudencia que el caso
amerita
