Por : Juan Terrero Perez
El Gobierno parece decidido a enfrentar con seriedad y
valentía el problema que representa la ocupación ilegal de grandes extensiones
de tierra en el Parque Nacional Valle Nuevo, por parte de grandes, medios y
pequeños productores agrícolas.
Aunque un titilar periodístico decía en estos días que el
tema tiene en jaque al presidente Danilo Medina por los intereses económicos y
políticos que medran en el caso, las autoridades del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, tiene la obligación de no flexibilizar su
posición, por lo que implica Valle Nuevo para la producción de agua para la
República Dominicana.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctor
Francisco Domínguez Brito ha explicado que la conservación de esa área
protegida es un mandato de la Constitución de la República, y por tanto: “No
está supeditado a un pago”. Se refiere a que los ocupantes ilegales de los
terrenos, ahora reclaman indemnizaciones.
La conservación de los predios de Valle Nuevo se remonta al
año 1961, y en 1964, mediante la Ley 64/00 fue declarado Parque Nacional, o sea
zona vedada a todas actividades destructivas de las manos del hombre.
Este 29 de enero vence el plazo dado por Medio Ambiente a
los ocupantes ilegales, y el ministro Domínguez Brito, ha reiterado que no
habrá prórroga para el desalojo en el parque y afirmó que nadie recibirá pagos
por tierras.
Técnicos y ambientalistas han manifestado que los daños
ocasionados por los ocupantes ilegales de Valle Nuevo, “ni siquiera la naturaleza”
podrá repararlos en 20 años.
De ahí es que, sostenemos llegar a acuerdo para indemnizar a
ocupantes ilegales de Valle Nuevo, es simplemente premiar la ilegalidad.
