Por: Lilliam Oviedo
La ultraderecha que el 17 de marzo de 1975 mató a Orlando Martínez en República Dominicana, infirió otra puñalada a esta América al asesinar en Honduras el pasado 3 de marzo a la líder lenca Berta Cáceres. El pasado día 15 cayó Nelson García, de la misma etnia, y como Berta, activo dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. Doce días transcurrieron entre ambos hechos. ¿No es evidente la existencia de un programa de exterminio?
Aunque las autoridades hondureñas dicen que García fue muerto en un hecho aislado, se sabe que trabajó a favor de las 150 familias lencas expulsadas de un terreno cuya propiedad reclaman personas protegidas por las autoridades municipales. En Río Chiquito, efectivos militares y policiales destruyeron viviendas y arrasaron sembradíos.
No se realizó de manera pacífica el desalojo, de modo que a la versión policial no hay que reconocerle veracidad.
LA DERECHA PRESERVA SUS PRIVILEGIOS DE CLASE
Con su recomposición en América Latina, la derecha intensifica su guerra sucia contra los sectores conscientes de la sociedad. Intenta avanzar en inicuos objetivos como el desmantelamiento de organizaciones que luchan por la preservación de los recursos naturales y por el respeto a los derechos humanos. Recurre a la persecución y asesinato e infringe daños de magnitud diversa a dirigentes y grupos contestatarios.
El gran capital asigna tareas y paga por la realización de las mismas a diferentes niveles.
En los centros de dirección política, se mueven los recursos para criminalizar la protesta y restringir el ejercicio de derechos como la participación en sindicatos. En la convivencia directa, utiliza las formas de represión que entienda más efectivas de acuerdo con la realidad nacional.
El carácter sectorial y clasista de la guerra sucia lo prueba el hecho de que no se circunscribe a las fronteras de un país.
En Honduras, la organización Global Witness estima que al menos 109 activistas del ambiente y la tierra hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015. Honduras, dice, es "el país más mortal del mundo" para los defensores de la naturaleza si se consideran las cifras de muertos sobre el total de la población.
En Colombia, unos 20 militantes por los derechos humanos han sido asesinados en lo que va de año. Klaus Zapata, Marisela Tombe, William Castillo y Milton Escobar, entre otros, han caído en el marco de esta guerra sucia. Otros dirigentes han visto morir a familiares y allegados.
¿Se puede atribuir a simple coincidencia el hecho de que en este mes se haya asesinado en Colombia a William Castillo, activista contra la minería ilegal en la región de Antioquía, y a Berta Cáceres, quien alzó su voz contra el proyecto Agua Zarca y contra la instalación en Honduras de una nueva base militar yanqui?
Serán desconocidos los pistoleros, pero son muy conocidos los intereses que defienden. El sicariato se mueve por dinero.
Las mayores mineras cuentan con el financiamiento del Banco Mundial, organismo presidido por Luis Alberto Moreno, ligado en términos familiares y hasta políticos con el expresidente “narcoparamilitar” colombiano Álvaro Uribe Vélez.
¿Qué tan aisladas están las fuentes de violencia en relación con la estructura del sistema mismo?
HOY COMO AYER…
Es muy larga la lista de víctimas de los grandes saqueadores. En República Dominicana se puede citar el caso de Guido Gil Díaz, abogado, periodista y dirigente comunista que dirigió las jornadas de protesta conocidas en el Central Romana con el nombre de “el paso de la jicotea”, que consistían en trabajo lento y de poco rendimiento en sustitución de la huelga, ilegalizada y perseguida por los represores al servicio del gobierno de Joaquín Balaguer.
Guido Gil fue hecho preso por un siniestro oficial de nombre Simón Tadeo Guerrero, puesto en libertad y luego desaparecido. Esto ocurrió en los inicios de 1967.
Hoy, a casi 50 años de distancia, se registra la brutal represión contra quienes han acampado en Loma Miranda. El gobierno encabezado por Danilo Medina ordenó en mayo pasado desmantelar de manera violenta un campamento, hecho en el cual más de tres personas fueron heridas.
Se registran denuncias de persecución contra el sacerdote Rogelio Cruz y más recientemente contra el abogado y docente Rafael Jiménez Abad.
Falcondo, la Barrick Gold y el gobierno encabezado por Danilo Medina, en concierto para contaminar y saquear. ¡Indignante!
